Qué es una operación no autorizada
Es un cargo, una transferencia o un pago que el titular de la cuenta o de la tarjeta no ha consentido. El phishing (mensajes o páginas que imitan a la entidad), el vishing (llamadas) y el smishing (SMS) buscan que el titular facilite sus claves o confirme operaciones sin ser consciente de su alcance.
La regulación básica de los servicios de pago en España es el Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera. Esta guía resume sus artículos 43 a 46.
Plazo para comunicarlo a la entidad
El usuario obtiene la rectificación solo si comunica la operación a su proveedor de servicios de pago sin demora injustificada y, en todo caso, dentro de un plazo máximo de trece meses desde la fecha del adeudo (artículo 43.1).
En la práctica, conviene comunicarlo de inmediato y por un medio que deje constancia, además de por teléfono.
Devolución por parte de la entidad
Ante una operación no autorizada, el proveedor del ordenante debe devolver el importe de inmediato y, en cualquier caso, a más tardar al final del día hábil siguiente (artículo 45.1). Existe una excepción: si la entidad sospecha que hay fraude y lo comunica por escrito al Banco de España.
Quién tiene que probar qué
Corresponde a la entidad demostrar que la operación fue autenticada, registrada con exactitud y contabilizada, y que no resultó afectada por un fallo técnico u otra deficiencia (artículo 44.1).
El simple registro del uso del instrumento de pago no basta, por sí solo, para probar que el titular autorizó la operación ni que actuó con negligencia: es la entidad quien debe probar el fraude o la negligencia grave del usuario (artículo 44).
Cuándo puede asumir pérdidas el cliente
La norma distingue varios supuestos (artículo 46):
- Si el instrumento se ha extraviado, sido sustraído o se ha apropiado indebidamente, el ordenante puede soportar como máximo 50 euros, con las excepciones que la propia norma prevé.
- Si el ordenante actuó de forma fraudulenta, o incumplió deliberadamente o por negligencia grave sus obligaciones como usuario, soporta todas las pérdidas.
- Si la entidad no exige autenticación reforzada del cliente, el ordenante solo responde cuando haya actuado de forma fraudulenta.
- Después de notificar el extravío o la sustracción, el ordenante no soporta consecuencias económicas por usos posteriores, salvo que haya actuado de forma fraudulenta.
Qué se entiende por negligencia grave y si hubo o no autenticación reforzada son cuestiones que se estudian caso por caso y se resuelven según las pruebas de cada asunto.
Qué conviene hacer en las primeras horas
- Avisar a la entidad para bloquear tarjetas y accesos, y dejar constancia por escrito.
- Presentar denuncia ante la Policía o la Guardia Civil.
- Conservar pruebas: mensajes, correos, capturas de pantalla, extractos, el teléfono o la dirección desde la que se contactó y las comunicaciones con la entidad. No borrar nada del dispositivo.
- No firmar documentos ni aceptar propuestas de la entidad sin haberlas consultado antes con un abogado.
Vía penal y vía civil
Un fraude de este tipo puede constituir un delito y dar lugar a la correspondiente denuncia, y la devolución de las cantidades se plantea frente a la entidad por su propia vía. Ambas actuaciones pueden coordinarse para proteger los derechos del cliente.
La información de esta página es de carácter general y no constituye asesoramiento jurídico. Cada asunto exige un estudio individual y no se garantizan resultados.